En diciembre pasado, cuando una coalición de partidos opositores ganó el control de la Asamblea Nacional de Venezuela, algunos de sus líderes expresaron su anhelo de poder trabajar con el gobierno del Presidente Nicolás Maduro para encontrar soluciones a la aguda crisis económica del país.
Pero dos meses después de la instalación del nuevo parlamento, ese espíritu conciliatorio se ha desvanecido. Ahora hay un acuerdo casi unánime entre el movimiento opositor: Maduro debe abandonar el poder.
Esto ha generado un posible escenario de confrontación que podría hundir al país en una crisis más profunda. La economía venezolana se contrajo en un 5,7 por ciento el año pasado y la inflación se disparó hasta un 181 por ciento. Hay una fuerte escasez de comida y artículos básicos, y un aumento del crimen y las actividades delictivas.
Es entendible que la oposición quiera deshacerse de Maduro. Él ha encarcelado de manera arbitraria a varios políticos opositores, se ha inventado teorías de conspiración complejas para explicar las fallas de su gobierno y ha empeorado el difícil panorama económico al pelearse con países vecinos y no ser capaz de controlar la hiperinflación.
Pero no existe una vía legal expedita para acortar el mandato del actual presidente, que finaliza en 2019. Todas las alternativas contempladas por los líderes opositores deben sortear diversos riesgos y obstáculos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, está a favor de modificar la Constitución Nacional para reducir el mandato presidencial de seis a cuatro años. Restablecer los límites del mandato presidencial —que fueron abolidos por Hugo Chávez— podría ser beneficioso. Pero sería difícil justificar el cambio porque Maduro ya fue elegido para un periodo de seis años en el poder ejecutivo.
Henrique Capriles, el excandidato presidencial, propone realizar un referendo para ver si los votantes quieren organizar elecciones presidenciales antes de que termine el periodo de Maduro. Para lograr esto la oposición debe reunir cuatro millones de firmas en poco tiempo y todo el proceso debe ser organizado por el Consejo Nacional Electoral, controlado por miembros del partido de Maduro (Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por Chávez). En un aparente esfuerzo por retrasar la opción de Capriles, el gobierno anunció que lo están investigando por malos manejos en la gestión financiera del estado de Miranda, del cual es gobernador.
Mientras tanto María Corina Machado, otra líder de la oposición, afirma que la presión popular podría lograr que Maduro renunciara. Pero parece poco probable que Maduro capitule ante protestas callejeras. Los líderes opositores dijeron que anunciarán una estrategia detallada en los próximos días, donde plantearán dos o tres enfoques para enmarcar las próximas acciones.
Existe una pequeña posibilidad de que se evite toda esta confrontación si organizaciones multilaterales, como la Unión de Naciones Suramericanas, intervienen para lograr un acuerdo entre el gobierno y la oposición.
Maduro debe darse cuenta de que sus opciones solo empeorarán si no empieza a trabajar con la Asamblea Nacional. Los venezolanos están cada vez más desesperados por lo que culpan a su presidente y con razón.
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