La novedad se conoció en la audiencia donde se debatía la apelación planteada por la querella respecto a la postura del juez Luis María Caterina para que la causa no pase al fuero federal.
La Capital |
Los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria, quienes intervienen en el caso de la muerte del empleado municipal Gerardo "Pichón" Escobar, indicaron hoy -en consonancia con la querella- que tenían en su poder nuevos datos que podrían suponer la sospecha de algún tipo de participación policial en la desaparición del joven de 23 años, cuyo cadáver fue encontrado en el río Paraná.
La novedad se conoció hoy durante la audiencia en Tribunales donde se debatió la decisión del juez Luis María Caterina de mantener bajo la órbita provincial, contrastando con el pedido de la defensa de la familia Escobar para que sea considerada desaparición forzosa de persona y que, de esa manera, pase al fuero federal.
Gerardo Ezequiel Escobar tenía 23 años y era jefe de cuadrilla de la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de Rosario. La madrugada del 14 de agosto llegó al bar La Tienda , el after de Tucumán al 1100 donde estuvo hasta las 5.45.
Según imágenes de video registradas frente al boliche, el joven salió de allí acompañado por otros muchachos y se dirigió hacia la esquina de Tucumán y Sarmiento. Esa filmación también muestra que un patovica del local y la mujer que sería la encargada del lugar también salen a la calle. Mientras el hombre va hacia la esquina, la mujer mira y con un gesto de preocupación se toma la cabeza. Se supone que algo pasó allí. Y extraoficialmente se dijo que ahí Escobar fue ferozmente golpeado.
La tarde del viernes 21 de agosto el cuerpo de Gerardo apareció flotando en aguas del río Paraná, frente al parque Urquiza.
Al finalizar la audiencia, que pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes, uno de los abogados de la familia Escobar, Guillermo Campana, relató en declaraciones a la prensa que "en la audiencia nos hicimos presentes para elevar la calificación legal del delito a desaparición forzada. Creemos que hoy se han sumado una serie de elementos que nos permiten determinar el acuerdo de conjunto del boliche con la policía para gestionar la seguridad del local y de la zona. Y también un montón de testimonios que indican que muchas personas que eran detenidas en jurisdicción de la comisaria 3ª en los días de apertura de boliches eran detenidas, golpeadas y luego liberadas sin dar cuenta luego a las autoridades judiciales de estas detenciones".
Consultado el letrado sobre si consideraba que había intromisión política en el caso, destacó que "no podemos acreditar eso. Si, tuvimos que mantener tres reuniones con el ministro de Seguridad para que incorporaran a la investigación los geoposicionamientos de los móviles, y lo hicieron en forma parcial, al igual que los audios del 911. Tardaron dos meses en incorporarlos desde que nosotros los pedimos y lo hicieron una semana antes de que tuviéramos esta audiencia. Pero no podemos determinar si hay falta de voluntad política".
Campana se refirió luego a un incidente registrado en una audiencia anterior con un presunto integrante de la barra brava de Newell\'s Old Boys y al respecto indicó que "lo que sucedió en la audiencia de la semana pasada fue la presencia de un reconocido barra de Newell\'s que al finalizar la misma comenzó a gritar y a amedrentar diciendo que ellos también iban a empezar a movilizarse y a entablar acciones. Eso derivó que tanto Luciana (hermana de Gerardo), como nosotros y los miembros de la Fiscalía debiéramos retirarnos del lugar por la puerta trasera de Tribunales acompañados por la seguridad".
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