“No es casual que la medicación comience a los 3 años, cuando tienen que ingresar al sistema educativo y que se suministre de lunes a viernes y de marzo a diciembre”, advierte Miguez Passada. Foto: Archivo El Litoral (Guillermo Di Salvatore)
Agustina Mai
amai@ellitoral.com
Pensar la discapacidad como una construcción social fue el objetivo del curso que dictaron María Noel Miguez Passada (Universidad de la República, Uruguay), Andrea Benvenutto (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia) e Indiana Vallejos (Universidad Nacional del Litoral). “La discapacidad es un tema vacante en la formación universitaria de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, arquitectos, comunicadores sociales. Y cuando está incluida, está orientada a la rehabilitación y no a la reflexión sobre su delimitación como objeto teórico ni sobre los diálogos que pueden hacerse a partir de la filosofía, la antropología o la sociología”, planteó Indiana Vallejos, directora de la carrera de Trabajo Social de la UNL.
Las investigadoras proponen cambiar la óptica sobre la discapacidad y entenderla como “un tipo de relación social excluyente, que se establece con sujetos que tienen determinadas características que -socialmente- son consideradas deficientes”.
Vallejos ejemplificó la evolución histórica de qué se considera discapacidad con los Trastornos por Déficit de Atención (TDA): “Creo que son el ejemplo más claro y propio de esta época. Hace 50 años esos chicos eran considerados ‘revoltosos’, luego pasaron a ser hiperkinéticos y desde hace unos años fueron absorbidos por el discurso medicalizante”, comparó.
En una entrevista con El Litoral, la uruguaya Noel Miguez Passada, especialista en este tema, profundizó sobre la creciente psiquiatrización de los niños.
— Si la discapacidad es entendida como una relación socio-política, en la que la sociedad es la que establece qué es deficiente y qué no, ¿hay ejemplos de otras culturas o momento histórico en los que algo que hoy es visto como una discapacidad no lo era o a la inversa?
— Sí, por ejemplo la psiquiatrización de la infancia, que en Uruguay es bastante frecuente y grave. El 30 % de los gurises está medicado con psicofármacos. Esto sucede porque hay una brecha muy grande entre la socialización en la familia y en el sistema de educación. No es casual que la medicación comience a los 3 años, cuando tienen que ingresar al sistema educativo y que se suministre de lunes a viernes y de marzo a diciembre, justo en el período escolar. Éste es un ejemplo de cómo, sin una deficiencia concreta, estos niños terminan en una situación de discapacidad por estar medicados.
— ¿Cómo es que los padres aceptan medicar a un chico de 3 años?
— Según lo que hemos investigado y publicado en el libro “Patologización de la infancia en Uruguay”, hay una ingerencia muy fuerte de (los ministerios de) Salud y Educación, sobre todo en las familias más pobres y de clase media, que no tienen toda la información para tomar decisiones. Entonces quedan constreñidas a un sistema en que si el niño no está medicado, no entra a la escuela. Por eso consideramos que hay que sacar un poco la responsabilidad de los padres. En Uruguay en los últimos 15 años, la psiquiatría infantil se ha enriquecido muchísimo; bajo el discurso de “políticas positivas” y “el bienestar en salud”, hay unidades psiquiátricas en todos los centros de atención.
— ¿Cuáles son las consecuencias en estos chicos?
— Estamos viendo las consecuencias en los que hoy son adolescentes. Generalmente, a esta edad, cuando empiezan a tomar conciencia, se niegan a ser medicados. También hay muchos niños que se niegan, pero los padres les dan las pastillas picadas. Es una vulneración sistemática de sus derechos.
— ¿Cuáles son los resultados en la escuela?
— Malos porque se quedan dormidos y no aprenden. Pero el sistema prefiere tenerlos dormidos en clase (algunas escuelas hasta tienen colchones en el aula) antes que molestando. Hay una sobremedicación y una sobrepatologización tremendas de los gurises. Como Naciones Unidas ya nos hizo dos llamados de atención por la cantidad de casos de TDA, ahora se cambió el diagnóstico y tenemos pila de trastornos del espectro autista (TEA) y Síndrome de Asperger. Son gurises que se salen de la norma, pero no para abajo, sino para arriba, entonces los medicamos y los nivelamos para abajo. En esto hay una cuestión económica muy fuerte por parte de los laboratorios que hacen su negocio.
— ¿Existe algún ejemplo a la inversa, es decir alguna situación que un momento fue considerada una discapacidad que hoy no lo sea?
— La situación más clara es la de los sordos. En muchos países siguen siendo considerados discapacitados, pero por ejemplo en Francia, que es el lugar donde investigo, no se consideran discapacitados. No se discute que tienen una deficiencia auditiva, eso es un hecho, pero plantean que es un problema comunicacional porque no compartimos la misma lengua: ellos no nos entienden a nosotros, pero nosotros tampoco comprendemos la lengua de señas. La intérprete no es sólo para los sordos, sino también para los oyentes, para sortear esa barrera comunicacional. Es muy interesante esa reivindicación y esa lucha en los países más avanzados.
De la Convención a la realidad
En 2008, Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una norma de avanzada que plantea el ideal al que sociedad debería llegar. Pero en la práctica, hay una distancia muy grande con lo que realmente viven las personas con discapacidad.
“El principal valor de la Convención es que es producto de la lucha de las personas con discapacidad para reivindicar sus derechos. Además, la Convención es como un paraguas para encarar las disputas, ya que nos da los instrumentos para luchar por la adecuación de las políticas; pero es verdad que está todo por hacerse”, explicó Indiana Vallejos.
Miguez Passada coincidió en que la Convención ubica a los países que la ratificaron -como Argentina y Uruguay- “en un lugar desde el que tienen que responder a muchas demandas”.
De todas formas, aclararon que “las leyes no logran los cambios per se”, sino que es necesario un cambio en la mirada política y social de la realidad. “Podemos tener una normativa muy de avanzada, pero si la discapacidad se sigue contemplando desde la óptica medicalizante y de la rehabilitación, sólo se trabajará sobre los aspectos que sean acordes con esta mirada”, advirtió Miguez Passada.
— ¿Cómo se cambia la mirada rehabilitante sobre la discapacidad por una mirada social, como uds. proponen?
— Sensibilizando, formando, generando espacios en la academia y en la arena pública. En Uruguay hay aspectos en los que se avanzaron y otros en los que no tanto. Por ejemplo: el Estado uruguayo paga asistentes personales a personas con discapacidad con dependencia absoluta. Pero sólo paga 70 horas menuales. Si se trata de una persona con dependencia absoluta, 70 horas no alcanzan y, además, falta capacitación para esos asistentes. Otro ejemplo: en Uruguay estamos dando cursos de lengua de señas a los policías y a los empleados estatales que están en atención al público. Además, en nuestra facultad de la Universidad de la República hace cuatro años que tenemos un espacio de inclusión educativa para los docentes o estudiantes que sientan que la educación no es adecuada a sus capacidades. Esto ha provocado que suba la matrícula de estudiantes con discapacidad porque es una de las facultades más accesibles. Sería interesante poder extender esta experiencia para que la gente estudie lo que tenga ganas y no que nos elija sólo porque somos accesibles.
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