MEXICO (AP) — El ejército mexicano aseguró que las órdenes sobre los sucesos ocurridos el 30 de junio de 2014 en la localidad sureña de Tlatlaya, en los que murieron 22 supuestos criminales, contemplaban un "respeto irrestricto a los derechos humanos".
En un comunicado emitido el viernes por la noche sobre el caso, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) subrayó que el ejército buscó "proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos" mediante "38 indicaciones" incluidas en un documento que el jueves divulgó un centro defensor de dichos derechos. Al menos 12 de los muertos en Tlatlaya presuntamente fueron ejecutados extrajudicialmente.
Dicho documento, dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), muestra que mandos del ejército ordenaron matar criminales, y es la primera evidencia de que los soldados involucrados en los hechos de Tlatlaya podrían haber cumplido órdenes y no actuado por su cuenta, como hasta ahora ha mantenido el gobierno.
"Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad", señala una orden militar fechada el 11 de junio de 2014 por el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, segundo comandante del 102do batallón de infantería.
El 30 de junio de ese año el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, una municipalidad del Estado de México, aunque a raíz de una investigación de The Associated Press comenzaron a evidenciarse contradicciones en la versión. Otra pesquisa, esta vez del ombudsman mexicano, indicó que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.
Hasta ahora han sido detenidos siete militares, tres de los cuales fueron acusados del homicidio de 8 personas, y apenas se acaba de acusar a siete policías estatales de tortura a tres mujeres que sobrevivieron.
Las fuerzas armadas utilizan la palabra "abatir" cuando en sus comunicados de prensa se refieren a que mataron a alguna persona, en particular presuntos delincuentes, y existen numerosos ejemplos. Pero en declaraciones a Radio Fórmula, el responsable de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, negó que "abatir" significara privar de la vida.
"No es de la definición proveída por los diccionarios de donde surge la alerta de los organismos civiles, sino del significado presente en las actuaciones castrenses", contestó el Centro Prodh a Campa en otra nota de prensa.
El comunicado del viernes de la SEDENA no hace referencia alguna a esta parte del texto, pero asegura que "del análisis de la totalidad del documento se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos".
Para justificar este argumento cita varios párrafos. En uno dice que "las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos", y en otro que hay que "apegarse a lo establecido en la directiva que regula el uso legítimo de la fuerza".
El Centro Prodh no había ocultado la existencia de estos comentarios en el documento, pero dijo que su inclusión era "contradictoria e insuficiente" y que "no disminuye la gravedad de que se ordene abatir a delincuentes".
"Por un lado se usa el lenguaje de los derechos humanos pero por otro, en la dimensión operativa, las órdenes son abiertamente contrarias a los derechos humanos y además ilegales", indica la ONG.
El relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, indicó el viernes en un comunicado que "las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y solo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario".
Asimismo, recordó que la perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes "con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza", y pidió a las autoridades mexicanas hacer una investigación en el "ámbito civil para garantizar su independencia e imparcialidad".
Alejandro Hope, experto en seguridad y ex miembro de la agencia de inteligencia mexicana, dijo a la AP el jueves que la orden viola incluso el propio manual del uso de fuerza del ejército.
"Sólo puede usar la fuerza letal después de ciertos protocolos", comentó. "Si la instrucción era abatir, sí se viola el manual de uso de fuerza".
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