sábado, 15 de noviembre de 2014

SANTA FE: La defensa de Tognoli volvió a cuestionar la fecha de juicio

El abogado Carlos Edwards planteó que el procesamiento del ex comisario Hugo Tognoli no se encuentra firme y llamó a “evitar el escándalo jurídico”.

El ex jefe de Policía de la provincia está acusado por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacciones.- Foto:Archivo El Litoral.
De la Redacción de El Litoral
sucesos@ellitoral.com

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe volvió a rechazar esta semana un nuevo planteo de la defensa del ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli, con el afán de postergar la fecha de inicio del juicio oral y público que comenzará en esta ciudad el próximo 9 de diciembre, a las 8.30.

Los magistrados María Ivón Vella, Luciano Homero Lauría y José María Escobar Cello descartaron este martes “los recursos de Casación interpuestos por el Dr. Carlos Edwards”, que oportunamente cuestionó “que hasta el presente no se encuentra firme ni el auto de procesamiento”, “ni la resolución que denegó alguno de los medios de prueba ofrecidos por esta defensa para que se produzcan en el mencionado debate oral”.

En un comunicado de prensa emitido ayer, el abogado rosarino formuló las siguientes aclaraciones: “Que la fecha de juicio oral de mi defendido no se encuentra firme en razón de que ha sido recurrida por esta defensa técnica, fundándose dicha impugnación de que hasta el presente no se encuentra firme ni el auto de procesamiento dictado contra mi asistido, al estar recurrido por medio de un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se encuentra actualmente en trámite, ni la resolución que denegó alguno de los medios de prueba ofrecidos por esta Defensa para que se produzcan en el mencionado debate oral, al haberse también recurrido la misma”.

“Escándalo jurídico”

El reconocido penalista dijo que así lo dispone en forma categórica el Art. 353 del Código Procesal Penal de la Nación, que “impide la fijación de audiencia de debate si existen recursos pendientes, por lo que el tribunal de juicio no puede fijar dicha fecha hasta que quede firme la resolución que se impugna”.

Edwards sostuvo que “la finalidad de la mencionada disposición procesal radica en evitar el “escándalo jurídico” que se provocaría si se dictase una sentencia en un proceso penal sin que estuviera firme. Por lo que al no encontrarse firmes dos resoluciones imprescindibles para que puede celebrarse el juicio oral contra mi defendido, la fijación de la fecha de juicio oral resulta flagrantemente violatoria del Art. 353 del Código Procesal Penal de la Nación”.

“No son definitivas”

Por su parte, el TOF fue claro en cuanto a que “los decisorios impugnados, no se encuentran dentro de las resoluciones enumeradas en el Art. 457 del CPPN, por cuanto no son sentencias definitivas, no ponen fin a la acción, a la pena como así tampoco imposibilitan que continúen las actuaciones, ni deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, por lo que no resulta óbice para la suspención del juicio.

El juicio oral que tendrá inicio el 9 de diciembre tiene como principal imputado al ex jefe Tognoli, quien se encuentra acusado de los delitos de “encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por haberse cometido para ocultar un delito especialmente grave, con ánimo de lucro y por ser el autor funcionario público”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “partícipe necesario del delito de coacción”.

Los imputados

Con él llegaron a juicio otros dos policías, Mauricio Otaduy -por coacción- y el ex subjefe de Inteligencia de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, José Luis Baella, por el “encubrimiento agravado” de un presunto narcotraficante y por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”; además de partícipe necesario del delito de “coacciones” contra Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias, denunciante del ex jefe de Policía Hugo Tognoli.

El narco caído en desgracia y cuarto imputado en esta causa es el “Tuerto” Daniel Mendoza, acusado por “coacción” en el caso Castaño, pero también por “producción, fabricación, extracción o preparación de estupefaciente” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” por una cocina desbaratada a mediados de 2012. El último involucrado es un sujeto de apellido Torres, que fue el primero en quedar detenido y el único junto a Mendoza que hasta el momento permanece privado de la libertad.

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