STA FE: La trata de niños, el trasfondo de la proliferación de “soldaditos”

La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe insistió en la necesidad de crear una agencia estatal dedicada a prevenir y rescatar a menores de las redes del narcotráfico.

Diario UNO | 

Con pequeñas habitaciones de ladrillos, espacios minúsculos, carcelarios, sin ventanas, ni baño. En los búnkers o kioscos de venta de droga, solo entra aire y luz por un hueco del tamaño de un ladrillo, por donde puede asomarse una pequeña mano. En la mayoría de las causas por venta de droga, en los que hay allanamientos a estos kioscos que han proliferado en Rosario y que de a poco comienzan a ubicarse en los barrios santafesinos, las extremidades que entregan las drogas a cambio del dinero pertenecen a niños y adolescentes.

La precaria situación en la que se encontraban los menores dentro de esas garitas de cemento, siempre cerrada desde afuera con varios candados para proteger el dinero y la droga, motivaron que una defensora oficial de los tribunales federales de Rosario, Matilde Bruera, solicite que se comiencen a investigar esos casos en el marco del delito de trata de personas. Las razones que esgrime Bruera para fundamentar su postura es que los “soldaditos” forman parte de la escala más baja en la estructura del comercio de drogas y que no se los investiga como casos de trata porque se entiende que el narcotráfico es una actividad ilícita entonces no puede ser considerado trabajo: “Pero son personas obligadas”, concluye la abogada.

El reclamo tenía un antecedente, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, en septiembre del año pasado presentó una propuesta al Poder Ejecutivo provincial para la puesta en marcha de una Agencia Provincial contra la trata de niñas y niños y adolescentes para el abordaje de las situaciones de explotación en contextos de venta, distribución y consumo de drogas.

Según el escrito, la misión de la agencia será garantizar derechos fundamentales a las niñas, niños, adolescentes y sus familias y tendrá como tres competencias principales: la prevención de situaciones de trata hacia niñas, niños y jóvenes; la acción inmediata para separar a los niños que se encuentren involucrados en estas situaciones ante la denuncia de las Instituciones del Sistema; y las actuaciones necesarias para restablecer los derechos vulnerados en un ámbito de convivencia familiar y social adecuados.

Privados de su libertad 
“La propuesta resalta que estas chicas y chicos son víctimas de trata y explotación porque se encuentran privados de su libertad ilegal y arbitrariamente, ya que no pueden disponer de sus tiempos, movimientos y deseos y están en riesgo en su desarrollo personal por las situaciones de violencia vinculadas. Están desvinculados de sus familias, sin un marco de contención y socialización comunitaria adecuada y en muchos casos con sus familias impedidas de acercarse a ellos. Están explotados económicamente, cumpliendo funciones y tareas que no son solo ajenas a su edad sino que, por la naturaleza de las mismas, los ubican en una situación de extrema vulnerabilidad”, expresó Analía Colombo, defensora de Niños, Niñas y Adolescentes en declaraciones a Infojus.

La ciudad de Santa Fe no está ajena al uso de niños con fines de explotación narco. El crimen de Facundo Segado, un adolescente de 14 años es un ejemplo. Su muerte fue una de las que sucedió durante el lunes negro, aquel 2 de junio que horrorizó a santafesinos y santotomesinos con un total de cinco crímenes en menos de 24 horas. En declaraciones a la prensa, el martes 3 de junio, el fiscal Regional, Ricardo Fessia, manifestó que los cinco episodios habían estado atravesados por la droga.

Sobre Facundo, una de las primeras versiones que circuló y que hoy se sostiene con fuerza, es que junto con su primo habían ocupado un kiosco de drogas que pertenecía a una familia de barrio El Chaqueño que había escapado de la zona cercada por la Justicia. El crimen de Facundo fue una venganza, y el de su primo, Abel Villarruel de 19 años, también. En este contexto, Colombo sostuvo que el Estado debe centrar la mirada de manera crítica en los escenarios sociales. Sobre todo, cuando determinan situaciones de vulnerabilidad.

Planificar políticas públicas
Desde 2008 la trata laboral y sexual de personas está tipificada como delito en Argentina. La Ley 26.842 ocupó un vacío legal y puso definiciones claras. En el Artículo 4 especifica que existe explotación “cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas” y “cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados”.

En este sentido, Colombo sostiene que la clave es analizar el contexto en el que se producen los hechos: “Los escenarios de la vulnerabilidad coinciden con los de la violencia, se entrecruzan o se superponen, y es en ellos donde los derechos económicos, sociales y culturales de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias, se ven afectados especialmente. Cada uno de ellos muestra especificidades que es imprescindible considerar a la hora de planificar políticas públicas. Por todo ello, garantizar una adecuada calidad de vida a la niñez y adolescencia, así como condiciones de desarrollo a mediano y largo plazo implicará la puesta en marcha y consolidación de políticas que posibiliten eliminar las brechas de la desigualdad”.

“También permitirá incorporar efectivamente la perspectiva de género a iniciativas diversas, programas y proyectos; promover la participación de niñas y niños; incluir sus voces en la construcción de conocimiento y acciones que los consideren no solo destinatarios. Esto les dará la oportunidad de convertirse en protagonistas de la trasformación social y cultural que el tema requiere”, concluyó.