La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que ordena retribuciones económicas a posible informantes. Con esto buscan "subsanar errores" en el proceso. Aunque su cuerpo no apareció, el caso de la joven de San Lorenzo que desapareció el 18 de septiembre de 2011 está caratulado como homicidio.
La Capital |
La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley por el que se establece una recompensa para aquellas personas que aporten datos útiles para el esclarecimiento de los hechos que culminaron el 18 de septiembre de 2011 con la desaparición, en San Lorenzo, de Paula Perassi, o que aporten datos a la investigación que permitan determinar su paradero o el de su cuerpo.
El proyecto, cuya media sanción ya fue comunicada a la Cámara alta para su sanción definitiva, autoriza al Poder Ejecutivo a distribuir una suma de dinero, cuyo monto se determinará por reglamentación, entre las personas que aporten datos. Además se contempla que la identidad de quienes suministren la información a las autoridades será mantenida en secreto durante el proceso judicial y también una vez finalizado el mismo.
El diputado Julián Galdeano, de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico y Social, es el autor de la norma, y fue acompañado por sus pares de bancada Santiago Mascheroni y Víctor Hugo Dadomo, y por Eduardo Toniolli (Frente Para la Victoria).
Consultado por LaCapital, el legislador adelantó que la aprobación por parte del Senado provincial está en cierto modo asegurada a partir de las reuniones previas celebradas en San Lorenzo entre los legisladores departamentales, las autoridades municipales, de la policía y del Ministerio de Seguridad provincial, así como integrantes de la familia Perassi".
Galdeano, que obtuvo anteayer el dictamen favorable de la Cámara baja, indicó que "no obstante el secreto sobre la identidad de los informantes, estos podrán ser citados a testimoniar, conforme lo disponga el órgano judicial" y destacó también que las recompensas "tendrán directa relación con la relevancia que los fiscales y las autoridades judiciales le otorguen a los datos que se aportan".
El proyecto contempla que los datos podrán ser aportados ante el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia o ante los funcionarios del Ministerio de Seguridad que el Poder Ejecutivo Provincial designe a tales fines, al igual que la forma y modo en que se abonará la recompensa establecida y el organismo que la aplicará", se detalló.
La ley que permitirá recompensar a quienes contribuyan a esclarecer el caso Perassi señala también que "quedarán excluidos de la retribución los funcionarios y empleados públicos, el personal en actividad o ex agentes de las fuerzas de seguridad, como también sus familiares y toda otra persona que recibiere referencias de ellos".
Según señaló Galdeano, "este proyecto de ley no constituye una legislación especial, ya que hay antecedentes en la provincia en torno a un caso ocurrido tiempo atrás en Cañada de Gómez". También destacó que en materia de pago de recompensas y de protección de testigos sólo existe en la provincia un proyecto de legislación del diputado por el FPV, Leandro Busatto, que no ha sido tratado".
El legislador afirmó que "se trata de un instrumento más que apunta a obtener información de lo que le sucedió a Paula Perassi y a subsanar errores cometidos al inicio del proceso". Galdeano consideró finalmente que "esta iniciativa surge de un compromiso asumido con organismos de derechos humanos, familiares de Paula Perassi, autoridades del Colegio de Abogados, funcionarios del municipio de San Lorenzo, y con los ministros de Justicia y de Seguridad. Aspiramos a que el Senado le de sanción definitiva a la brevedad".
Los hechos.La desaparición de Paula Perassi se registró la noche del domingo 18 de septiembre de 2011 cuando esta madre de dos hijos salió de su domicilio y nunca más regresó. Desde entonces, Alberto Perassi, padre de la joven, inició una valiente e inagotable búsqueda de su hija viva o muerta, luchando contra las idas y vueltas del sistema judicial, una agobiante burocracia y una investigación que parece más destinada a dificultar que a facilitar el esclarecimiento del hecho.
El caso, pese a que el cadáver de Paula no apareció, está caratulado como homicidio. Por el caso hubo dos únicos imputados, procesados, detenidos, liberados y desprocesados en la causa: el empresario y amante de Paula, Gabriel Strumia, y su empleado y mano derecha, Antonio Darío Díaz.
La Justicia sanlorencina fue fuertemente cuestionada por su accionar en este caso, a raíz de errores y omisiones procedimentales, oportunamente denunciados por los abogados de la familia.
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