Las consecuencias de no realizar un chequeo previo al buscar seguridad adicional puede acarrear más problemas que soluciones, instancia que transitaron no sin disgustos los vecinos del Barrio Gráfico.
La Capital |
Mientras la economía delictiva avanza en sus distintas formas, los vecinos de los barrios rosarinos buscan la manera de contrarrestar la inseguridad. Y en ese camino acuden a la contratación de seguridad privada para complementar el trabajo estatal, pero muchas veces eso se vuelve un boomerang. Según los registros oficiales, Rosario tiene 5.888 agentes privados, más que los cerca de 5.500 policías de la Unidad Regional II.
Las consecuencias de no realizar un chequeo previo al buscar seguridad adicional puede acarrear más problemas que soluciones, instancia que transitaron no sin disgustos los vecinos del barrio Gráfico, en el oeste de Rosario.
Allí, y según denunciaron en una nota publicada por La Capital ayer, la situación es inquietante. Tras cambiar dos veces de seguridad privada, quedaron expuestos a robos y arrebatos, y lo que es peor: a un grupo narco que, a cambio de dinero, los extorsiona para no molestarlos.
De las dos empresas que trabajaron en la zona, sólo Seguridad Malvinas Argentinas está inscripta oficialmente en la base de datos del gobierno provincial, mientras que la segunda, apenas identificada con una “S”, no aparece en ningún registro oficial bajo esa escueta denominación.
En la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Seguridad admiten que esta situación se da cada tanto, cuanto se vincula al personal privado con una ola de robos. Por eso, el organismo aportó datos sobre la cantidad de empresas de vigilancia y los agentes autorizados. Y sugiere a la población tomar recaudos antes de contratar el servicio (ver aparte).
En Rosario hay casi igual cantidad de policías provinciales que agentes privados. Mientras que los primeros alcanzan los 5.500, a diciembre de 2013 los que forman parte de las empresas ya suman 5.888, repartidos en 138 agencias. En tanto, en el territorio provincial se distribuyen un total de 8.839 empleados que realizan custodias en 226 empresas.
La lectura y análisis de esos datos pueden quedar sujetos a muchas interpretaciones. Igualmente el sentido común indica que si ambas fuerzas trabajaran coordinadamente podrían prevenir hechos menores que a veces tienen un cierre trágico.
Extremar medidas. No obstante, y en lo que se refiere al control y monitoreo de la actividad, el Estado provincial sugiere extremar los medidas, acudir a los registros públicos y realizar consultas antes de contratar vigilancia adicional no oficial.
De acuerdo a los datos aportados a este diario por el organismo de gobierno que tiene a su cargo el registro y control de las agencias, durante 2013 se realizaron en Rosario 344 inspecciones a objetivos (garita o espacio físico donde se desempeña el vigilador). Allí, además se constató la situación de 1.087 agentes, a quienes se les solicitó el libro de guardia y se verificó el cumplimiento de los relevos, además de su condición laboral y de la empresa para la que se desempeñan.
Esas auditorías, según aportaron desde el Ministerio de Seguridad, se realizaron con personal que específicamente se trasladó desde Santa Fe. “Muchas veces el trabajo se encaró de manera sorpresiva y sin conocimiento previo de los jefes de la comisarías de la Unidad Regional II”, dijeron. Se hizo como estrategia para aventar cualquier intento de connivencia entre las agencias y el personal de la fuerza pública.
Si en alguno de los casos se detectara alguna infracción, la única sanción a la que puede echar mano la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias, es la inhabilitación. Eso podría ocurrir si el personal no está asentado en la base de datos, no se pagan los seguros de responsabilidad civil o directamente la agencia no figura en el registro provincial.
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