La causa se inició tras la decisión del gremio de bloquear el ingreso y tomar las instalaciones de una central termoeléctrica que se construye en Santa Fe. Los jueces se excusan y hay problemas de competencia que podría dirimir el máximo tribunal nacional.
La causa por la toma de la Central Termoeléctrica de Sauce Viejo en la que imputados el ex jefe de la Uocra, Emanuel Araya y su hermano Mauricio por supuesta "asociación ilícita", "coacciones agravadas" y "usurpación" podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez rechazó ayer el cuarto intento de jueces de la provincia de desprenderse del expediente y solicitó al juez federal Nº 1 Reinaldo Rodríguez que se lo devuelva a su colega Darío Sánchez (Instrucción 5º), por lo que si éste también hace lo mismo, el conflicto de competencia debería ser resuelto por el superior común: la Corte nacional. Los hermanos Araya siguen presos en la cárcel de Las Flores en un pabellón distinto al que ocupan el ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli y al ex juez federal Víctor Brusa.
La toma de usina y el obrador del consorcio contratado por Enarsa para ampliar la capacidad de la planta de 280 a 400 megavatios, con una inversión de 280 millones de dólares, ya pasó por la manos de cuatro jueces de la provincia: Héctor Candioti (Correccional 6º), Sandra Valenti (Correccional 1º), Nicolás Falkenberg (Instrucción 2º), y Sánchez (Instrucción 5º), que declinaron su competencia, uno tras otro.
Candioti fue el primero que mandó la causa a la justicia federal con fotos de botellas de plástico que interpretó que eran bombas incendiarias ("cócteles molotov", dijo), halladas en el interior del obrador. El fiscal Rodríguez entendió que "fotos de unas botellas con un líquido oscuro aún no secuestrado, resultan insuficientes para sostener la intervención de la justicia federal". El expediente volvió a la provincia.
El ping pong siguió con la jueza Valenti, quien volvió a despacharlo ?por segunda vez? a la justicia federal, con otro argumento. Sostuvo que la toma de la Central Termoeléctrica, el 23 de agosto, "afectaba los objetivos de la empresa Enarsa" y por lo tanto "ponía en riesgo la generación, transporte y consumo" de electricidad. El fiscal Rodríguez rechazó el planteo por falta de pruebas: "Ni siquiera se probó mínimamente algún suceso concreto donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción", dijo. Y agregó: "Resulta llamativo el intento de la justicia provincial de desprenderse de la causa".
El 18 de setiembre, la jueza Valenti derivó el expediente a su colega Falkenberg, quien el 3 de octubre ordenó el desalojo de la Central Termoeléctrica y el obrador aledaño y decidió la detención de los hermanos Araya, a quienes imputó por supuesta "asociación ilícita", "coacciones agravadas" y "usurpación". Después de las indagatorias, Falkenberg declinó la competencia "por conexidad subjetiva" ante el juez Sánchez, quien acumuló las causas abiertas a los Araya, entre ellas una por homicidio ûen la que el ex jefe de la Uocra tiene una falta de mérito, pero sigue imputado?, y otra por tentativa de homicidio.
El 4 de octubre, el doctor Sánchez aceptó su competencia, pero tres días después se desprendió del expediente y lo mandó de vuelta ûpor tercera vez? a la justicia federal. Esta semana, el fiscal Rodríguez firmó su cuarto dictamen consecutivo que rechaza la competencia justicia federal para entender en el caso. "Resulta a todas luces contradictorio que el juez local (Falkenberg) haya lanzado las órdenes de detención de los imputados (Araya, su hermano y otros) y al día siguiente se despenda de la investigación por æconexidad subjetivaÆ. Y más aún, que otro de los jueces (Sánchez) haya admitido su competencia el 4 de octubre, para casi inmediatamente desdecirse tres días más tarde sin ningún elemento novedoso que justifique un cambio de criterio".
Según el fiscal Rodríguez, las decisiones de los jueces provinciales "se caracterizaron por un denominador común: el reiterado intento de plantear cuestiones insustanciales sobre la competencia de los órganos judiciales, que en el mejor de los casos debieron canalizarse ante el tribunal superior común": la Corte nacional. "Las actuaciones desarrolladas hasta el momento resultan insuficientes para sostener la intervención de la justicia federal en el caso", concluyó el fiscal. Por lo tanto, es probable que la semana que viene, el juez federal Rodríguez le devuelva el expediente a Sánchez y si éste insiste en declinar su competencia, la causa terminará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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