La fiscalía entiende que, por su jerarquía, el ex magistrado Civil y Comercial, Alejando Pedro Martín, fue clave para concretar el retiro de dinero del Banco Municipal de Rosario.
.La Capital |
La jueza que investiga las estafas con fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal de Rosario hizo lugar a la requisitoria fiscal y el lunes próximo ampliará la declaración indagatoria al ex juez Civil y Comercial de Rosario involucrado en las maniobras. El Ministerio Público pidió que se lo acuse de ser organizador de los despojos a la entidad bancaria y solicitó su prisión preventiva por la pena en expectativa. La defensa dice que siempre colaboró con la investigación, ofreció garantías y descartó un peligro de fuga.
La situación de Alejandro Pedro Martín podría agravarse en los próximos días si la jueza finalmente encuentra elementos suficientes para sospechar que tuvo el rol de organizador de las maniobras que tomaron estado público en noviembre de 2012, tras una denuncia de la entidad bancaria ante la Corte Suprema de Justicia.
Al ex juez Civil y Comercial Nº 17 junto a su secretario, Ricardo Lavaca, los abogados Luciano García Montaño y Jorge Hetter (los letrados ya fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y cinco y siete años para ejercer la profesión), y el martillero Oscar Kovalevski fueron acusados de orquestar estafas para apoderarse de 1.050.000 pesos pertenecientes a cuentas judiciales inmovilizadas del Banco Municipal mediante juicios ejecutivos falsos. Los oficios de cobro eran autorizados y firmados por Martín.
Mientras que Lavaca fue procesado por estafas reiteradas y defraudación, a Kovalevski le achacan se jefe de la asociación ilícita.
Ahora, el fiscal Carlos Covani cree que Martín compartió el rol de organizador con el martillero, procesado por ser jefe de esa asociación ilícita y único detenido en el marco de un hecho que escandalizó al Poder Judicial. En esa línea el representante del Ministerio Público elevó a la jueza de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti, el pedido de ampliación de indagatoria, y que ordene la detención del ex funcionario ante un peligro de fuga por la pena en expectativa que le cabría de ser hallado culpable.
Visitas y roles. "Todo indica que Kovalevski organizó el grupo humano, sumando las voluntades, pero la supremacía jerárquica descansa sobre Martín, pieza fundamental de la organización sin cuya participación no se hubiera podido llevar adelante el despojo. Las repetidas visitas de Kovalevski a Martín ponen de manifiesto la interacción de ambos y la distribución de roles", fundamentó Covani al pedir la ampliación de indagatoria.
Pero para la defensa del ex juez, encabezada por los letrados Carlos Edwards, Carlos Varela y Adrián Martínez, esa imputación no tendría sustento y es improcedente, según contestaron en un escrito a Lamperti (ver aparte).
Lo concreto es que si el lunes luego de la declaración la jueza interpreta que las pruebas acumuladas en el expediente son suficientes para imputarle ese delito, Martín quedaría en un compleja situación y, ya sin sus fueros, podría terminar preso.
El ahora ex juez fue desaforado a principios de este mes, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento llegó a la conclusión que su conducta estuvo marcada por la "ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada" e "incumplimiento de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales".
El funcionario había sido suspendido provisionalmente en sus funciones desde noviembre de 2012, cuando quedaron en evidencia las escandalosas maniobras. A Tomás M.E., empleado bancario señalado como el que aportaba datos de las cuentas para que se perpetrara el desfalco, se le dictó la falta de mérito, al igual que a otro abogado sobre quien se llegó a la conclusión que no tuvo participación en graves delitos económicos.
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