El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, informó que desde la puesta en vigencia del decreto 692 ya se recibieron más de mil pedidos de acceso a la información pública, de los cuales se tramitaron el 95 por ciento.
El decreto de acceso a la información fue dictado por el Poder Ejecutivo en 2009 ya que en la provincia no existe una ley en la materia que comprenda a los tres poderes del Estado.
“Los organismos a los que más se les ha requerido información son los Ministerios de Seguridad y de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Los solicitantes en su gran mayoría son particulares de los nodos Santa Fe y Rosario, aunque se recibieron pedidos de todas las regiones y también de otras provincias”, indicaron desde la Dirección de Anticorrupción, que fue creada por primera vez en la provincia en el año 2008.
“Del total de las solicitudes recibidas se tramitaron el 95 por ciento, el resto corresponde a solicitudes desistidas por los propios solicitantes o rechazadas porque el pedido no corresponde ser tramitado por la vía del decreto 692/09”, agregaron las autoridades.
Las solicitudes de acceso a la Información Pública deben ser presentadas ante la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público en su calidad de autoridad de aplicación de la norma. Esta repartición mantiene un contacto permanente con la Red de Enlaces, constituida por agentes de todas las jurisdicciones que tienen como función primordial impulsar las solicitudes dentro de sus organismos.
Este trámite se encuentra disponible en su versión digital en www.santafe.gov.ar/tramites
ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
El 9 de noviembre de 2009 entró en vigencia el decreto Nº 692 del Poder Ejecutivo provincial, que establece los mecanismos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La norma apunta a contar con una herramienta que sirva para asegurar la transparencia de la gestión de gobierno, la construcción de mayores niveles de participación de la población y el conocimiento de diversos hechos del ámbito público que permitan la profundización de la democracia. El Estado no espera la demanda de la población, sino que implementa políticas activas que incluyen la formación de la ciudadanía para que solicite información. De esta manera, se produce un acercamiento entre el Estado y la gente, se acorta la brecha y se mejora la relación.
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