El fiscal que investigó el crimen de Carmen García, una de las mujeres incineradas en Semana Santa, solicitó elevar la causa a juicio. Es el primer crimen sexista que encuadra en la nueva figura penal.
El martes pasado, el fiscal Carlos Rolando solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene por primera vez, un imputado por delito de femicidio, figura incorporada al Código Penal en noviembre del año pasado y que les impone penas de reclusión perpetua a los hombres que asesinen a mujeres o a personas que se consideran a sí mismas con identidad de género femenino.
La víctima es Carmen García, una mujer de 27 años, madre de cinco chicos, que fue rociada con alcohol y prendida fuego el Domingo de Pascua a la noche, por su concubino, Daniel Leonar, un contratista de 46 años. Los informes médicos, dieron cuenta de quemaduras tipo AB y B de gravedad y derivaron en su internación en el hospital Cullen.
Desde la cara hasta las piernas, Carmen tenía toda la parte de adelante de su cuerpo quemado. Falleció ocho días después. Cuando la policía llegó al domicilio familiar, de barrio Barranquita, lo encontró a Leonar quien tenía las manos y los brazos quemados. Carmen alcanzó a decir que él le arrojó el alcohol y la incendió.
Características particulares
Para el juez de instrucción penal de la 3º nominación, Luis Silva, hubo pruebas suficientes como para aseverar que el autor material del ataque fue Leonar y lo procesó por femicidio, un delito que comprende las características particulares de las víctimas de violencia de género.
En este marco, el fiscal Rolando formuló la requisitoria de elevación a juicio a fin de que se siga contra Leonar, por el delito de homicidio doblemente calificado (artículo 80 incisos 1 y 11) y solicitó la pena de prisión perpetua.
Por su parte, Claudia Montenegro –abogada e integrante del grupo de profesionales del derecho que trabaja en el caso– expresó: “No es que esto sea un caso testigo y que este presunto agresor sea considerado culpable porque necesitamos un caso para hablar del femicidio. Nosotros lo que estamos haciendo, simplemente, es acompañar a las víctimas para que puedan tener las garantías de poder ejercer sus derechos. Y que el proceso respete a esas garantías y que considere a la violencia de género como un tema de derechos humanos”.
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