El dirigente kirchnerista, Leandro Busatto: Diputados tiene más dudas sobre la construcción del nuevo puerto

El dirigente kirchnerista, Leandro Busatto, quiere conocer por qué el Estado eligió el denominado Punto G como ubicación de la futura estación fluvial y cómo se utilizaron dineros específicos.

A partir de una investigación del Centro de Estudios y Acción Popular (Ceap), que contiene “información técnica, económica y jurídica, así como material periodístico y legislativo” sobre la construcción de las obras de infraestructura del Nuevo Puerto de Santa Fe, la Cámara de Diputados de la provincia le pidió al Poder Ejecutivo que brinde documentación oficial para saber si el proyecto esconde un trasfondo de negocios privados y complicidad estatal.

Uno de los integrantes del Ceap, Hugo Kofman, indicó que en la sesión del 13 de junio pasado la Cámara baja de la provincia aprobó el proyecto de Comunicación del diputado Leandro Busatto (PJ-FPV), de modo que el gobierno de Antonio Bonfatti “tendrá que responder sobre aspectos controvertidos, tanto del Masterplan como del proyecto de traslado del puerto a un lugar que en su momento fuera cuestionado por los expertos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL (Universidad Nacional del Litoral)”.

Este tema atraviesa a las gestiones de Jorge Obeid, de Hermes Binner y del propio Bonfatti. Entre otras cosas, la investigación que retoma Busatto pone bajo la lupa el rol del Ente Administrador Puerto Santa Fe (EAPSF), principalmente desde el año 2005, con la aprobación del Masterplan al que consideran con notorios vicios de ilegalidad en su aprobación. “Fue la que posibilitó que la mayor parte de los mejores terrenos del puerto local fueran cedidos a grupos económicos nacionales y extranjeros a través de contratos de locación por varias décadas”, recordó el Ceap.

Asimismo, indicaron que esa línea de trabajo de explotación inmobiliaria realizada por los titulares del Ente Portuario “llega hasta la actual administración“ y se traducen “en resoluciones que no serían de las más adecuadas, tanto en lo que hace al lugar del nuevo emplazamiento como a la cuestión financiera”. Frente a ese caudal de elementos objetivos, lo cual implica todo tipo de presunciones, es que se erige el pedido de Informes que presentó Busatto y avaló la Legislatura.

En el texto, el joven diputado del bloque Frente para la Victoria reclama conocer “Copia del Acta del Consejo Directivo del Ente Administrador Puerto de Santa Fe, de junio de 2006 en el cual se opta por uno de puntos de emplazamiento –Punto G– entre las tres alternativas planteadas por el Coinre (Consorcio de Integración Regional)”, que realizó los trabajos de estudio del traslado del puerto.

También, el “monto estimado y destino de las inversiones privadas necesarias para la puesta en funciones del Nuevo Puerto de Santa Fe. Copia de los acuerdos firmados con entidades privadas que se habrían comprometido a invertir en la construcción del nuevo puerto de Santa Fe, en el caso que los hubiera, en los cuales se incluyan los montos correspondientes”.

Además, se pretende obtener el “detalle de las recaudaciones del Ente Administrador Puerto de Santa Fe en todo concepto y con especificación de rubros, durante los años 2009, 2010 y 2011”. A su vez, el “informe de gastos del Ente durante esos mismos períodos: balances, detalle de inversiones edilicias y urbanas, gastos en personal. Planta de personal del Ente y sus funciones. Detalle de honorarios y viáticos abonados”, se indica en el proyecto.

Los argumentos
El diputado Leandro Busatto explicó que su motivación se basa en la publicación realizada por Diario UNO en su edición del domingo 16 de diciembre de 2012, cuando tres miembros del Centro de Estudios y Acción Popular (Ceap) – Hugo Kofman, Pilar Sapino e Ismael Mahfoud– “dan cuenta de una serie de informaciones referidas a la obra del Nuevo Puerto de Santa Fe, que eran desconocidas hasta el momento por la opinión pública y por esta Cámara”.

“Esas informaciones –aclaró– se sustentarían en estudios realizados por expertos de la Facultad de Ciencias Hídricas y en documentación oficial, de modo que no sería razonable descartarlas sin el debido estudio, ya que están en juego cuestiones técnicas y económicas que podrían resultar centrales en cuanto a la realización de la obra”.

Por caso, dijo que ya en la sesión del 2 de agosto de 2007 la Cámara baja “aprobó un Proyecto de Comunicación por el cual se pedía informes al Poder Ejecutivo sobre el trabajo del consorcio consultor (Coinre) respecto a la elección del lugar de emplazamiento del nuevo puerto. Una de las preguntas que formularon los diputados era la siguiente: “4.3. Si el Informe Parcial Nº 2 fue objeto de observaciones por parte del grupo de inspección conformado por Ecoaxis SA, la Universidad Nacional del Litoral y la Bolsa de Comercio de Córdoba, motivando su corrección en dos oportunidades”, señaló Busatto.

Luego indicó que esa pregunta “fue respondida por el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo – Ministerio de Hacienda y Finanzas, en términos muy generales y sin especificaciones”. La contestación decía: “El informe parcial Nº 2 fue el resultado de un proceso continuo de interacción entre el Equipo Técnico de la UPP, el Consorcio Coinre, la Inspección y Fonplata, concluyendo con un Informe que incorporó los comentarios, observaciones y sugerencias efectuadas, y que contó con la No Objeción de Fonplata (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata)”.

Sin embargo, el dirigente kirchnerista dijo que “la Cámara de Diputados no tuvo acceso al referido informe, de modo que no se pudo anoticiar de que en ese proceso de interacción se habrían producido profundas discrepancias entre el Ente Administrador Puerto de Santa Fe y los expertos de la Universidad Nacional del Litoral. Hecho que ahora es puesto de relevancia por la información periodística”, que publicó Diario UNO.

Por otra parte, señaló que la Cámara también votó una ley referida al financiamiento de la obra (Ley Nº 13.259), con lo cual se cubriría entre una tercera y una cuarta parte del total a invertir, de modo que la mayor parte dependería principalmente de inversiones privadas y en menor medida de aportes del Estado Nacional. “Inversiones que al momento de comenzar la ejecución de la obra deberían estar aseguradas documentadamente, de manera que se pueda garantizar el desarrollo de la misma hasta su finalización”, justificó.