Después de recibir a fines de 2012 denuncias de vecinos de Alvear por el uso ilegal de agroquímicos, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe ha emitido una resolución en la que, tras realizar actuaciones, consideró que "no se controlan todas las aplicaciones realizadas en inmediaciones del casco urbano y zonas sensibles de la localidad de Alvear, no cumpliéndose incluso con el escaso margen de 50 metros de exclusión dispuesto por la normativa municipal recientemente sancionada".
La Capital |
En la disposición 115/13 la institución dirigida por Edgardo Bistoletti recordó la recomendación realizada el año pasado al Ministerio de la Producción de la provincia para que "adopte con carácter de urgente todas las medidas necesarias a los fines de garantizar la efectiva realización de la fiscalización estatal y los debidos controles indelegables previstos" en la ley 11.273 (de fitosanitarios) y su decreto reglamentario.
La intervención de la Defensoría en este caso específico comenzó en febrero cuando, encabezado por una docente de la localidad, un grupo de vecinos de Alvear visitó la sede Rosario de la Defensoría, donde hizo una presentación por fumigaciones en zonas próximas a la planta urbana. Así, se sumaron a ciudadanos de otras localidades santafesinas, que ya habían denunciado con anterioridad que el uso de ese tipo de sustancias para el cultivo está asociado directamente a problemas de salud.
Los vecinos apuntaron directamente a un principio activo usado en el cultivo de la soja transgénica: el glifosato.
Falencias. En muchas ocasiones, la Defensoría dio cuenta de la existencia de falencias en cuanto al uso racional y adecuado de productos agropecuarios y su denuncia es una constante en los informes anuales hechos por la institución. La Defensoría ya había emitido en 2012 dos resoluciones en las que alertaba sobre el uso de los agroquímicos y pedía a las autoridades disponer de recursos necesarios para controlar la correcta aplicación de esos productos.
En la resolución referida a Alvear, el defensor del Pueblo reseña que se pidieron informes a la comuna de Alvear, a la Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud y a la Dirección General de Política Agropecuaria. Esta última fue la única que contestó los requerimientos. En una nota del 3 de abril reconoce que el 8 de marzo había "recibido una denuncia específica de vecinos de Alvear donde se manifiesta que en campos circundantes al casco urbano se realizan aplicaciones de productos fitosanitarios mediante equipos terrestres".
En el informe, también precisa que personal de la subdirección de Agricultura y Sanidad Vegetal pudo constatar, con una visita a la comuna de Alvear, que "no se alcanza a fiscalizar el total" de las aplicaciones de agroquímicos "por falta de recursos humanos y en algunos casos no se cumple con la franja de amortiguación de 50 metros fijada en el artículo 3º de la norma 135/2012", aprobada el año pasado por el Concejo de Alvear que regula el uso de los agroquímicos. También se dejó en claro que "no existe al día de la fecha convenio con la comuna de Alvear respecto de la implementación de un registro y matriculación de equipos aplicadores de productos fitosanitarios terrestres".
Responsabilidad provincial.Si bien la Defensoría celebró "el esfuerzo y compromiso público hecho norma por la comunidad de Alvear, la que presenta varios aspectos que mejoran la normativa provincial, constituyéndose en un instrumento intuitivo, de carácter enérgico y decidido", la institución recordó que "sin perjuicio de las facultades propias de Municipios y Comunas, la fiscalización en materia de conservación, transporte y aplicación adecuada de los productos fitosanitarios, es una responsabilidad indelegable de la provincia según lo fijado" por la ley de fitosanitarios.
El defensor del Pueblo además expresó que, "de todos los expedientes analizados, surge la coincidencia entre ambientalistas, funcionarios públicos, especialistas, productores y vecinos en que faltan controles y que, si se realizaran correcta y periódicamente no se generarían los impactos negativos al ambiente y a la salud de la población que se denuncian".
La resolución fue notificada a los titulares de las cámaras de Diputados y Senadores provinciales, al ministro de la Producción, al director de Política Agropecuaria, a la subdirectora de Sanidad Vegetal y al jefe comunal de Alvear.
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