Mientras el juez Alfonso debe definir la constitucionalidad del artículo que obliga a la desinversión, la Sala I de la Cámara demora esa desición porque sigue cambiando su integración.
Hoy, la Cámara con la firma de los Guillermo Antelo y Susana Najurieta, confirmados ayer por la Sala I (Ricardo Guarinoni está de licencia), rechazaron el pedido de apartamiento de otra de las juezas recusadas con anterioridad por el gobierno, Graciela Medina, por lo que al menos provisoriamente, la Sala queda ahora integrada por Medina, Najurieta y Guarinoni.
Pero esta integración aún no es la definitiva, ya que antes de resolver sobre la medida cautelar, la Cámara debe resolver otras recusaciones más antiguas interpuestas por el gobierno como la del camarista Ricardo Recondo y de Francisco de las Carreras.
Antes el gobierno había recusado a los jueces de primera instancia, Raúl Tettamanti, quien terminó renunciando y Roberto Torti, un juez jubilado.
La embestida contra De las Carreras fue porque participó en el mes de mayo en un seminario sobre Propiedad Intelectual organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL), la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Universidad de Miami, y supuestamente los gastos habrían sido solventados por el grupo Clarín.
Tambien fueron recusados por el Gobierno nacional Ricardo Recondo y Medina (hoy confirmada al frente del caso) porque ambos jueces se encuentran involucrados en la denuncia penal a partir de la violación del sistema legal de designación de magistrados subrogantes y que instruye el juez federal Luis Rodríguez.
En el caso de Ricardo Recondo su situación se agrava por su participación en la inauguración en el Congreso de Certal en Miami, y porque se denunció la existencia de un supuesto video de su ponencia en el que hace un llamado a jueces y medios de comunicación a unirse para evitar la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales, hecho que configura una situación de prejuzgamiento para el gobierno.
En el caso de Graciela Medina, se tuvo en cuenta la denuncia penal por convalidar una medida cautelar a favor de la empresa Fibertel para traspasar sus abonados a Cablevisión, a pesar de la desautorización expresa de la Secretaría de Comunicaciones.
Ante este panorama, días atrás la propia Cámara Civil y Comercial en pleno, denunció supuestas “presiones” ante la Corte Suprema de Justicia debido a las sucesivas recusaciones que afectarían su independencia y posibilidad de dictar resoluciones en los que el Estado sea parte.
En octubre pasado, y luego de los cuestionamientos al sistema de subrogancias ante la imposibilidad del Consejo de la Magistratura para nombrar juez definitivo en el juzgado civil y comercial federal 1, la Cámara del fuero resolvió designar al titular del Tribunal Civil Nº 2, Horacio Cecilio Alfonso, como juez subrogante "fijo" del Juzgado Nº 1, donde se debe dictar sentencia definitiva por la ley de Medios, "hasta que se cubra definitivamente la vacante".
La Ley de Medios se sancionó en octubre de 2009 y en aquel momento el juez civil y comercial Edmundo Carbone respaldó una medida cautelar que presentó Clarín para suspender el artículo 161, ese es el planteo . El planteo llegó a la Sala Nº1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, y luego se trasladó a la Corte.
Días atrás la Corte rechazó extender la cautelar más allá del 7 de diciembre, y derivó el tema a la Cámara, pero a la vez, el alto tribunal ordenó el dictado de una inmediata sentencia definitiva.
Las sucesivas recusaciones contra jueces parecen ser la estrategia adoptada por el estado para dilatar decisiones judiciales importantes. Por si esto fuera poco, hoy la Corte, en otra causa sensible, la de los juicios de los jubilados contra la Anses, el alto tribunal rechazó el ejercicio masivo de las recusaciones del organismo contra los magistrados, al afirmar que constituye un abuso del proceso “que los jueces no deben tolerar”.
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