sábado, 15 de diciembre de 2012

Argentina sacó malas notas en calidad institucional y límites al Poder Ejecutivo


 El World Justice Project señaló que el país se ubica en el puesto 70 de los 97 estados relevados, en lo que respecta a independencia de poderes. Hubo malos resultados también en corrupción, seguridad y actividad regulatoria.

 Argentina sacó malas notas en calidad institucional y límites al Poder Ejecutivo

El informe global sostiene que Argentina "encara desafíos en varias dimensiones del gobierno de la ley", presentando debilidades en los mecanismos de rendición de cuentas, es decir, cuestiones que afectan a la independencia de poderes, transparencia, y calidad de la Justicia.

Ello se explica en parte por el "pobre desempeño de las agencias gubernamentales en la investigación en casos de mal comportamiento" de funcionarios públicos, como a las "interferencias políticas" en el cumplimiento de la ley y la justicia.

El estudio, que tuvo la colaboración de distintos especialistas y organismos para cada Estado, recaba la información de 97 países en lo que refiere a límites al poder ejecutivo, seguridad, corrupción, derechos, cumplimiento de las regulaciones, justicia civil y justicia criminal, y gobierno abierto.

La Argentina (ver gráfico) obtuvo una baja calificación en límites al poder Ejecutivo: se posicionó en el lugar 70 entre el total de los 97 países. En tanto, está 11 de los 16 Estados relevados de América Latina. El índice evalúa la capacidad del Parlamento y de la Justicia en ejercer su rol de contrapeso, y mide la obediencia de la administración gubernamental a las leyes e instituciones.



Los valores en lo que respecta al combate de la corrupción tampoco son auspiciosos. Argentina en este punto quedó 50, casi a mitad de tabla. El puntaje es levemente más bajo para la jefatura de Estado y para el Legislativo, en comparación con el poder Judicial.

En tanto, el índice de orden y seguridad se llevó los peores valores, ubicando al país en el lugar 80, aunque se reconoce que los conflictos civiles están limitados.

La performance mejora por encima del promedio en lo que refiere al respeto y garantías de derechos fundamentales como la no discriminación (43), el debido proceso legal, la tolerancia a creencias y asociación, entre otros.

Otra de las malas calificaciones refiere a la actividad regulatoria que implementa el Estado, donde el país quedó en el punto 75. Las expropiaciones sin compensación y las demoras en los procedimientos administrativos son las variables que tienen mayor impacto en el índice.

En justicia civil (49 a nivel global, 4 a escala regional) y criminal (66) Argentina también está por debajo de la media. La eficiencia en la investigación, la corrupción e influencia gubernamental en el sistema criminal, y la rapidez en los procesos son evaluados especialmente de manera negativa.

En lo que respecta a Gobierno abierto, variable que incluye la facilidad y disponibilidad para acceder a la información, la publicidad y estabilidad de las leyes y el derecho a peticionar y a la participación ciudadana. En estos rubros, Argentina alcanzó la posición 49.

Chile (25) y Uruguay son los que presentan mejores indicadores a escala regional, ubicándose primero y segundo, respectivamente. Brasil, en tanto, se ubica tercero y obtiene puntajes positivos en algunas áreas, con la excepción de orden y seguridad (69).

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