El Senado votó que los comicios a diputado y concejal se hagan en dos fechas separadas. El vicegobernador Henn aseguró que se bloqueará porque es atribución del Poder Ejecutivo santafesino.
La Capital
El período ordinario de sesiones se consumió ayer en la Legislatura santafesina con una nueva pulseada entre oficialismo y oposición, a partir de la conversión en ley en Senadores del proyecto del diputado Mario Lacava, que dispone el desdoblamiento del calendario electoral fijando fechas separadas para la realización de los comicios parlamentarios nacionales (elección de diputados) de las elecciones municipales y comunales (concejales y autoridades locales).
La polémica modificación a la legislación electoral santafesina fue objetada por el oficialismo —que se opuso en el Senado y en Diputados con algunas excepciones— al "avanzar sobre atribuciones propias que la Constitución le confiere al Poder Ejecutivo" que vetará la iniciativa, según anticipó anoche el vicegobernador Jorge Henn a LaCapital. "El gobernador va a ejercer su derecho a vetar la ley para preservar la facultad de llamar a elecciones de la manera que resulte más conveniente para organizar adecuadamente los comicios, ya que el proceso electoral es un tema complejo y por tanto participan varias áreas del Gobierno y de la Justicia". aviso el titular del Senado.
Según Henn "que el Poder Legislativo por ley trate de estimar la fecha y el formato de las elecciones complejiza la temática, y avasalla los principios constitucionales que establecen como facultad del Poder Ejecutivo este llamado. Lo ideal hubiese sido como ocurrió en años anteriores que el Ejecutivo realizara una ronda de consultas con las autoridades partidarias correspondientes, ya que tiene la responsabilidad de organizar todo el proceso electoral", opinó el vicegobernador. No obstante "todo esto no significa expresarnos sobre el fondo de la materia, sobre si es o no necesario el desdoblamiento de las elecciones, es simplemente una cuestión formal que no compartimos".
Tal como lo había votado en Diputados cincuenta días atrás al obtener media sanción, el justicialismo impuso anoche en la Cámara alta su mayoría parlamentaria y convirtió en ley la iniciativa que dispone que los comicios legislativos nacionales y los comunales de 2013 se realicen en forma separada y "respetando la vigencia de la boleta única" en el caso de las elecciones locales. El proyecto de ley suscripto por los diputados del PJ Mario Lacava, Silvia De Césaris, Avelino Lago, María Eugenia Bielsa y Roberto Mirabella, que el Senado transformó en ley, establece en su primera disposición que "las elecciones de autoridades municipales y comunales se realizarán con una antelación no inferior a tres meses y mayor a seis meses de la fecha de terminación de sus mandatos."
Y se especifica que "en ningún caso el Poder Ejecutivo provincial podrá disponer que elecciones de autoridades municipales y comunales se realicen simultáneamente y conjuntamente en el mismo acto con las elecciones de autoridades nacionales". El artículo segundo agrega que "el Poder Ejecutivo podrá disponer que las elecciones de autoridades y comunales se realicen simultáneamente y en el mismo acto con las elecciones autoridades provinciales", cláusula que comenzaría regir recién en los comicios de 2015.
En los fundamentos de la iniciativa argumenta la oposición que la coincidencia de fecha de los comicios generaría una combinación de sistemas electorales, atento a que en Santa Fe debe votarse con boleta única y a nivel nacional con el régimen conocido como boleta sábana. El bloque oficialista habilitó ayer, en la última sesión de la Cámara alta, el tratamiento sobre tablas del proyecto que había remitido Diputados —para lo cual se requería mayoría especial de dos tercios— pero votó en contra del proyecto en general y particular (artículo por artículo) que se terminó sancionando con la mayoría justicialista.
Pensión
Senadores aprobó un proyecto por el cual el Estado otorgará una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio a madres cuyos hijos o hijas se encuentren muertos o desaparecidos por el terrorismo de Estado. La norma, impulsada por el diputado del Movimiento Evita Gerardo Rico, había obtenido media sanción en julio pasado.
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