La Comisión de Obras Públicas de la Cámara propuso sendos encuentros en Santa Fe y Rosario. Insisten en que pedir a la EPE en que adapte su reglamento de suministro a la ley de defensa del consumidor.
La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados invitó al ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, a sendas reuniones con entidades intermedias de Santa Fe y Rosario “a fin de proporcionar información relativa a las tareas y obras llevadas a cabo por la Empresa Provincial de la Energía a efectos de garantizar la prestación del servicio eléctrico en el próximo verano”.
La nota enviada al ministro le aclara que en dicho marco, el interés de los legisladores pasa por conocer el monto total y detalle de las principales inversiones previstas por dicha empresa para el presente año; detalle de obras y demás inversiones realizadas a la fecha; lo que resta a ejecutar hasta el 31 de diciembre así como el monto total de las inversiones devengadas al 31 de octubre último y las estimaciones de inversión total hacia el final del ejercicio. Son los mismos puntos de un pedido de informes votados el mes pasado por la propia Cámara y que todavía no han tenido la respuesta desde el Poder Ejecutivo.
La nota lleva la firma de siete de los once integrantes de la Comisión de Obras Públicas que preside Mario Lacava (Santa Fe en Movimiento), entre ellos el radical Víctor Dadomo quien es el vicepresidente. Los restantes son los justicialistas: Darío Mascioli, Darío Vega, Adriana Panella, Olga Coteluzzi y Federico Reutemann.
La comisión no puso fecha a los encuentros aunque le aclara que los días serán definidos con el propio ministro.
Reglamento de usuario del servicio
En tanto, y a instancias de Héctor Acuña (Corriente Federal), Diputados votó un proyecto donde le pide al Poder Ejecutivo que modifique el Reglamento General para el suministro y comercialización del servicio eléctrico de la EPE y adopte un reglamento de usuario del servicio que contenga los preceptos establecidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional y los estipulados en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Acuña, además, adjuntó un anexo con lo que debería decir el nuevo plexo.
“Hablamos del tema a principios de año y sugerimos un reglamento. Ahora, el tema se actualizó a partir de la resolución de la Justicia de Rosario de demandar a la EPE por considerar que su reglamento tiene preceptos que son claramente inconstitucionales”, señaló el legislador. “Antes del fallo, esperaba que el gobierno modifique por decreto el reglamento. No sólo no lo hizo sino que anunció que apelará la decisión judicial”, se quejó. “Frente a la crisis energética del último verano, el gobierno amagó con la creación de un ente regulador para poner a salvo los derechos de los usuarios; sin embargo, frente a una resolución de la Justicia manifiesta su verdadera faceta. No piensan cambiar nada y frente a los cortes no piensan resarcir ni reconocer los derechos que los usuarios tenemos asignados por la ley y la Constitución Nacional”, agregó.
Acuña recordó que el servicio eléctrico en el ámbito provincial es prestado mayoritariamente por la EPE mediante un sistema contractual de suministro a título oneroso, debiendo los usuarios o clientes realizar un contrato de adhesión, sin posibilidad alguna de negociar o conciliar sus derechos y obligaciones que están impuestos por la ley 10.014 y el reglamento general dictado por la propia empresa en uso de las facultades establecidas en la ley.
Es en ese marco que el diputado considera que “las relaciones impuestas a los usuarios o clientes generan situaciones cuanto menos injustas. Con la intención de equilibrar esa relación, debemos entender que más allá de la denominación de cliente o usuario de quienes contratan el servicio de suministro de energía, somos natural y verdaderamente consumidores, y aceptando tal calidad de consumidor surge viable el tratamiento bajo el resguardo de la ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor”.
Acuña destacó que “sin pretender cuestionar o introducir modificaciones a la normativa base, se intenta modificar el reglamento general adaptándolo a las normas de Defensa al Consumidor. Con tales modificaciones, se obtendrá una relación entre empresa y consumidores de mayor respeto y equilibrio a los derechos y obligaciones de ambas partes”.
La nota enviada al ministro le aclara que en dicho marco, el interés de los legisladores pasa por conocer el monto total y detalle de las principales inversiones previstas por dicha empresa para el presente año; detalle de obras y demás inversiones realizadas a la fecha; lo que resta a ejecutar hasta el 31 de diciembre así como el monto total de las inversiones devengadas al 31 de octubre último y las estimaciones de inversión total hacia el final del ejercicio. Son los mismos puntos de un pedido de informes votados el mes pasado por la propia Cámara y que todavía no han tenido la respuesta desde el Poder Ejecutivo.
La nota lleva la firma de siete de los once integrantes de la Comisión de Obras Públicas que preside Mario Lacava (Santa Fe en Movimiento), entre ellos el radical Víctor Dadomo quien es el vicepresidente. Los restantes son los justicialistas: Darío Mascioli, Darío Vega, Adriana Panella, Olga Coteluzzi y Federico Reutemann.
La comisión no puso fecha a los encuentros aunque le aclara que los días serán definidos con el propio ministro.
Reglamento de usuario del servicio
En tanto, y a instancias de Héctor Acuña (Corriente Federal), Diputados votó un proyecto donde le pide al Poder Ejecutivo que modifique el Reglamento General para el suministro y comercialización del servicio eléctrico de la EPE y adopte un reglamento de usuario del servicio que contenga los preceptos establecidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional y los estipulados en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Acuña, además, adjuntó un anexo con lo que debería decir el nuevo plexo.
“Hablamos del tema a principios de año y sugerimos un reglamento. Ahora, el tema se actualizó a partir de la resolución de la Justicia de Rosario de demandar a la EPE por considerar que su reglamento tiene preceptos que son claramente inconstitucionales”, señaló el legislador. “Antes del fallo, esperaba que el gobierno modifique por decreto el reglamento. No sólo no lo hizo sino que anunció que apelará la decisión judicial”, se quejó. “Frente a la crisis energética del último verano, el gobierno amagó con la creación de un ente regulador para poner a salvo los derechos de los usuarios; sin embargo, frente a una resolución de la Justicia manifiesta su verdadera faceta. No piensan cambiar nada y frente a los cortes no piensan resarcir ni reconocer los derechos que los usuarios tenemos asignados por la ley y la Constitución Nacional”, agregó.
Acuña recordó que el servicio eléctrico en el ámbito provincial es prestado mayoritariamente por la EPE mediante un sistema contractual de suministro a título oneroso, debiendo los usuarios o clientes realizar un contrato de adhesión, sin posibilidad alguna de negociar o conciliar sus derechos y obligaciones que están impuestos por la ley 10.014 y el reglamento general dictado por la propia empresa en uso de las facultades establecidas en la ley.
Es en ese marco que el diputado considera que “las relaciones impuestas a los usuarios o clientes generan situaciones cuanto menos injustas. Con la intención de equilibrar esa relación, debemos entender que más allá de la denominación de cliente o usuario de quienes contratan el servicio de suministro de energía, somos natural y verdaderamente consumidores, y aceptando tal calidad de consumidor surge viable el tratamiento bajo el resguardo de la ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor”.
Acuña destacó que “sin pretender cuestionar o introducir modificaciones a la normativa base, se intenta modificar el reglamento general adaptándolo a las normas de Defensa al Consumidor. Con tales modificaciones, se obtendrá una relación entre empresa y consumidores de mayor respeto y equilibrio a los derechos y obligaciones de ambas partes”.
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