Sobre tablas, sin cuestionamientos ni debate y por unanimidad, el Senado resolvió acatar la decisión de la Casa Gris. No se duplicarán las funciones del órgano de control existente.
“Es el legislador en las sombras que tiene el oficialismo”, repetía en el Senado, un cronista parlamentario con años de experiencia, a propósito del veto parcial que el Ejecutivo impuso a una ley que iba a crear controles por duplicado para la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario.
En los últimos 15 días, a los periodistas que cubren las sesiones de la Cámara Alta les ha sobrado el tiempo de espera... “En el fondo, los dos bloques del peronismo saben que hay una instancia más allá de las dos Cámaras que te asegura poder aprobar cualquier proyecto de ley.
Ellos saben que siempre está la posibilidad del veto del Ejecutivo”, aseguraba el observador de cada jueves, ante un grupo de colegas de brazos cruzados y grabadores apagados.
En la sesión de la semana pasada, los senadores del peronismo tomaron la decisión de aceptar públicamente el recorte que el gobernador Antonio Bonfati le impuso al órgano de control que el Senado había creado.
Se trataba de una estructura bastante polémica que -casi en paralelo con el ente existente bajo la órbita del Ejecutivo- pretendía poner una segunda lupa sobre la privatización más importante del Frente Progresista: la concesión de la autopista, “que tanto dio que hablar cuando Hermes Binner gobernaba y se otorgó su explotación a empresarios de Rosario hasta la licitación”, recordó otro periodista, uno de los más jóvenes.
“Las bancadas del PJ pudieron perfectamente haber hecho otra cosa”, terció un asesor de la otra Cámara, que sabe que lo más jugoso por estos días está en el Senado... “Por ejemplo -siguió-, pudieron esperar a que los plazos constitucionales vencieran, que el paso del tiempo los eximiera de opinar, pero han preferido en el recinto, sobre tablas y sin emitir ningún criterio en contrario, aceptar el veto parcial. Es también una forma de decir, nosotros no pretendemos cogobernar, ni mucho menos”, se sumó el periodista entrecano.
Supresiones
La idea de controlar con una comisión de senadores y diputados -donde el PJ tiene mayoría- a los números de la concesión fue presentada por los dos jefes los bloques peronistas: José Baucero (PJ-San Javier) y Armando Traferri (PJ- San Lorenzo), el autor de la iniciativa que fue sancionada el 20 de septiembre.
La comisión colisionaba con el ente de control que se creó cuando la autopista fue privatizada por primera vez, durante los ’90. Y con una nueva instancia dispuesta por una resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia, para auditar con especialistas, los fondos del peaje.
El veto suprimió a la -aún en ciernes- Comisión Bicameral de Control las atribuciones de seguimiento, monitoreo, observación permanente, supervisión, auditoría y seguimiento del cumplimiento del contrato de concesión y de obras.
El gobierno le cuestionó a la ley sancionada por ambas Cámaras que “la asignación generalizada e indeterminada de competencias de naturaleza administrativa a un órgano integrado exclusivamente por legisladores y fuera de la organización administrativa provincial, cuya cabeza es el Poder Ejecutivo, violenta el esquema constitucional de distribución de competencias”.
En pocas palabras, a la comisión sólo le quedaron los integrantes: “Cuatro (4) senadores provinciales y cuatro (4) diputados provinciales, los cuales participan mientras duran sus mandatos legislativos”. Todas las reparticiones y organismos del Poder Ejecutivo deberán facilitar la información solicitada por la Comisión creada”; remitiendo las enmiendas aceptadas que propuso el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, acompañado del ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, a la Cámara de Diputados, con las que, si son aprobadas -como se presume-, el proyecto quedará convertido en ley, en consonancia con el artículo 59º, segundo párrafo in fine, de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.
En los últimos 15 días, a los periodistas que cubren las sesiones de la Cámara Alta les ha sobrado el tiempo de espera... “En el fondo, los dos bloques del peronismo saben que hay una instancia más allá de las dos Cámaras que te asegura poder aprobar cualquier proyecto de ley.
Ellos saben que siempre está la posibilidad del veto del Ejecutivo”, aseguraba el observador de cada jueves, ante un grupo de colegas de brazos cruzados y grabadores apagados.
En la sesión de la semana pasada, los senadores del peronismo tomaron la decisión de aceptar públicamente el recorte que el gobernador Antonio Bonfati le impuso al órgano de control que el Senado había creado.
Se trataba de una estructura bastante polémica que -casi en paralelo con el ente existente bajo la órbita del Ejecutivo- pretendía poner una segunda lupa sobre la privatización más importante del Frente Progresista: la concesión de la autopista, “que tanto dio que hablar cuando Hermes Binner gobernaba y se otorgó su explotación a empresarios de Rosario hasta la licitación”, recordó otro periodista, uno de los más jóvenes.
“Las bancadas del PJ pudieron perfectamente haber hecho otra cosa”, terció un asesor de la otra Cámara, que sabe que lo más jugoso por estos días está en el Senado... “Por ejemplo -siguió-, pudieron esperar a que los plazos constitucionales vencieran, que el paso del tiempo los eximiera de opinar, pero han preferido en el recinto, sobre tablas y sin emitir ningún criterio en contrario, aceptar el veto parcial. Es también una forma de decir, nosotros no pretendemos cogobernar, ni mucho menos”, se sumó el periodista entrecano.
Supresiones
La idea de controlar con una comisión de senadores y diputados -donde el PJ tiene mayoría- a los números de la concesión fue presentada por los dos jefes los bloques peronistas: José Baucero (PJ-San Javier) y Armando Traferri (PJ- San Lorenzo), el autor de la iniciativa que fue sancionada el 20 de septiembre.
La comisión colisionaba con el ente de control que se creó cuando la autopista fue privatizada por primera vez, durante los ’90. Y con una nueva instancia dispuesta por una resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia, para auditar con especialistas, los fondos del peaje.
El veto suprimió a la -aún en ciernes- Comisión Bicameral de Control las atribuciones de seguimiento, monitoreo, observación permanente, supervisión, auditoría y seguimiento del cumplimiento del contrato de concesión y de obras.
El gobierno le cuestionó a la ley sancionada por ambas Cámaras que “la asignación generalizada e indeterminada de competencias de naturaleza administrativa a un órgano integrado exclusivamente por legisladores y fuera de la organización administrativa provincial, cuya cabeza es el Poder Ejecutivo, violenta el esquema constitucional de distribución de competencias”.
En pocas palabras, a la comisión sólo le quedaron los integrantes: “Cuatro (4) senadores provinciales y cuatro (4) diputados provinciales, los cuales participan mientras duran sus mandatos legislativos”. Todas las reparticiones y organismos del Poder Ejecutivo deberán facilitar la información solicitada por la Comisión creada”; remitiendo las enmiendas aceptadas que propuso el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, acompañado del ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, a la Cámara de Diputados, con las que, si son aprobadas -como se presume-, el proyecto quedará convertido en ley, en consonancia con el artículo 59º, segundo párrafo in fine, de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.
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