El Defensor del Pueblo de la
provincia de Santa Fe, Dr. Edgardo Bistoletti, recibió la queja de
jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la ciudad de
Villa Ocampo, a los que se les pretendía cobrar créditos que tenía un
costo financiero total que rozaba el 260 por ciento. Fueron sorprendidos
en su buena fe al tomar un crédito en una entidad bancaria privada,
publicitado bajo determinadas condiciones pero diferentes en los hechos.
Analizando
la documentación aportada por los quejosos, la dirección de Defensa
de Usuarios y Consumidores de la Defensoría llego a la conclusión que
el costo total financiero (CFT) de la operación llegaba a casi el 260
por ciento, porcentaje que excede largamente lo preceptuado por el
Decreto Nacional 246/2011 por el cual el C.F.T. máximo no puede superar
en un cinco por ciento (5%) adicional a la tasa informada mensualmente
por el Banco de la Nación Argentina aplicable a las operaciones de
préstamos personales para jubilados y pensionados.
Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención de la recientemente creada Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financiero dependiente del Banco Central de la República Argentina –BCRA-, que intimó a la entidad bancaria a que reconvenga la situación de alto costo financiero que se aplicaba a los tomadores de los préstamos.
El caso se originó a través de un promotor de dicho banco, en la ciudad de Villa Ocampo, que publicitaba a través de una radio de su propiedad estos préstamos, a sola firma con la presentación de recibo de sueldo y DNI; con la condición de devolverlo en 12 cuotas fijas.
Los documentos fueron firmados en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, y tras ello recibieron el dinero, pero mayúscula fue la sorpresa cuando advirtieron que el importe de las cuotas y los meses superaban largamente las condiciones promocionadas.
El cuadro de abuso y vulneración hacia los denunciantes se complementa con el hecho de que los beneficiarios de pensiones no contributivas que acudieron a la Defensoría del Pueblo tienen dificultades para leer y escribir.
A modo de ejemplo, relatamos dos casos que reflejan lo denunciado.
Uno es el de una mujer que percibe una jubilación mínima de $1419,50 al mes de julio del corriente año y no sabe leer ni escribir. Suscribió un crédito por 2 mil pesos, a pagar en 24 cuotas de 247,89 pesos, y no en 12 como se le dijo en Villa Ocampo.
El otro caso, es el de un beneficiario de una pensión no contributiva de 1.145,47 pesos, que tampoco sabe leer ni escribir. Pacta un crédito por 2 mil 500 pesos, en 29 cuotas de 292,85 pesos.
Además, debe señalarse que en ninguno de los casos los tomadores de créditos reciben la totalidad del monto dado que se le detraen los costos administrativos correspondientes.
Estas condiciones, entre otras, son las que elevan el Costo Financiero Total a casi el 260 por ciento.
Pudo constatarse que al momento de la contratación en la sucursal de la ciudad de Resistencia, hubo ausencia de negociación y cercenamiento de la autonomía de la voluntad dada la posición de superioridad de la entidad bancaria respecto al consumidor. En este contexto mal pudieron los denunciantes conocer acabadamente cuál era la tasa de interés.
Otra de las anormalidades denunciadas fue que en la sucursal no les entregaron la copia de convenio, lo que impidieron conocer qué otras cláusulas del contractuales firmaron.
La medida dispuesta por la creada Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financiero dependiente del Banco Central de la República Argentina sólo beneficia a los ciudadanos que se acercaron a formular su queja.
No obstante, y ante la presunción de que la cantidad de afectados sea mayor y a solicitud de la Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financiero dependiente del Banco Central de la República Argentina, invitamos quienes se puedan encontrar en igual o similar situación a efectuar las consultas y /o denuncia ante la Defensoría de Pueblo.
Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención de la recientemente creada Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financiero dependiente del Banco Central de la República Argentina –BCRA-, que intimó a la entidad bancaria a que reconvenga la situación de alto costo financiero que se aplicaba a los tomadores de los préstamos.
El caso se originó a través de un promotor de dicho banco, en la ciudad de Villa Ocampo, que publicitaba a través de una radio de su propiedad estos préstamos, a sola firma con la presentación de recibo de sueldo y DNI; con la condición de devolverlo en 12 cuotas fijas.
Los documentos fueron firmados en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, y tras ello recibieron el dinero, pero mayúscula fue la sorpresa cuando advirtieron que el importe de las cuotas y los meses superaban largamente las condiciones promocionadas.
El cuadro de abuso y vulneración hacia los denunciantes se complementa con el hecho de que los beneficiarios de pensiones no contributivas que acudieron a la Defensoría del Pueblo tienen dificultades para leer y escribir.
A modo de ejemplo, relatamos dos casos que reflejan lo denunciado.
Uno es el de una mujer que percibe una jubilación mínima de $1419,50 al mes de julio del corriente año y no sabe leer ni escribir. Suscribió un crédito por 2 mil pesos, a pagar en 24 cuotas de 247,89 pesos, y no en 12 como se le dijo en Villa Ocampo.
El otro caso, es el de un beneficiario de una pensión no contributiva de 1.145,47 pesos, que tampoco sabe leer ni escribir. Pacta un crédito por 2 mil 500 pesos, en 29 cuotas de 292,85 pesos.
Además, debe señalarse que en ninguno de los casos los tomadores de créditos reciben la totalidad del monto dado que se le detraen los costos administrativos correspondientes.
Estas condiciones, entre otras, son las que elevan el Costo Financiero Total a casi el 260 por ciento.
Pudo constatarse que al momento de la contratación en la sucursal de la ciudad de Resistencia, hubo ausencia de negociación y cercenamiento de la autonomía de la voluntad dada la posición de superioridad de la entidad bancaria respecto al consumidor. En este contexto mal pudieron los denunciantes conocer acabadamente cuál era la tasa de interés.
Otra de las anormalidades denunciadas fue que en la sucursal no les entregaron la copia de convenio, lo que impidieron conocer qué otras cláusulas del contractuales firmaron.
La medida dispuesta por la creada Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financiero dependiente del Banco Central de la República Argentina sólo beneficia a los ciudadanos que se acercaron a formular su queja.
No obstante, y ante la presunción de que la cantidad de afectados sea mayor y a solicitud de la Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financiero dependiente del Banco Central de la República Argentina, invitamos quienes se puedan encontrar en igual o similar situación a efectuar las consultas y /o denuncia ante la Defensoría de Pueblo.
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