lunes, 10 de septiembre de 2012

SANTA FE: Golpe boquetero: Investigan la falta de funcionamiento de los sistemas de seguridad



El responsable de la URI, Omar Odriozola, dio cuenta del operativo dispuesto desde la mañana de ayer hasta el momento a raíz del robo perpetrado en el banco Macro de la peatonal local. Se realizaron tres allanamientos y se detuvieron dos personas. La entidad bancaria, por su parte, dispuso una línea 0800 para los clientes afectados. En materia legal, los contratos de locación firmados entre los depositantes y los bancos son ahora materia de discusión.

Tres allanamientos y dos detenidos son los avances que, hasta el momento, ha llevado a cabo la investigación policial en torno al golpe boquetero que sufrió el banco Macro de la peatonal santafesina. El robo, que saltó a las primeras planas de los medios nacionales, aconteció entre las 20 del sábado y las 6 de este domingo. La banda de delincuentes no logró acceder la bóveda del tesoro, pero sí sustraer todos los bienes que se hallaban en 77 de las 647 cajas de seguridad de la entidad ubicada en San Martín 2473 de nuestra ciudad.

Jurisprudencia

Al margen de la crónica de los hechos (ver “Son 77 las cajas de seguridad violentadas en el banco Macro”) y tal como se preveía en la tarde de ayer, los reclamos de los clientes afectados concentran la atención desde el inicio de esta jornada. De hecho, el caso mereció la opinión de Javier Vigo Leguizamón, representante de un grupo de damnificados. Para el abogado y especialista en Derecho Bancario, “la jurisprudencia ha sido clara”. “Uno debe partir de un artículo esencial de la ley de Defensa del Consumidor, que establecer la falta de validez de aquellas clausulas que pretendan limitar la responsabilidad”. De ese modo, el letrado se refirió esta mañana –en contacto con LT10– al contrato vigente entre la entidad bancaria y los clientes que utilizan cajas de seguridad.

“Los contratos que firma el banco, que son contratos de adhesión, se suele prever una responsabilidad acotada. Pero la jurisprudencia mayoritaria del país tiene dicho que esas clausulas no son válidas”, amplió Leguizamón. Si bien la letra del acuerdo entre la entidad y los depositantes establece un límite de 50 mil dólares en el reconocimiento de la pérdida, “el cliente tiene la posibilidad de acudir a la justicia para solicitar una indemnización acorde con el valor de lo que tenía depositado dentro de la caja”.


“Una logística extraordinaria”

Acerca de los avances en la investigación policial, el responsable de la Unidad Regional I, Omar Odriozola, brindó detalles esta mañana. También en diálogo con la emisora universitaria, el comisario confirmó que los hechos delictivos se iniciaron “tipo 19.30, 20 (del sábado), y en el ingreso redujeron al guardia de seguridad privada y comenzaron a trabajar de esa forma”.

Consultado sobre el modo en que los delincuentes lograron neutralizar los sistemas de seguridad interna del banco, el funcionario policial precisó “que se peritó toda la parte destrozada donde están las cámaras. Se está investigando, el juez dispuso varias medidas con respecto a esto”.

Acorde al relato de Odriozola, la banda accedió al interior del banco por “una playa de estacionamiento (ubicada por calle San Jerónimo), por los techos, un segundo piso, donde existe un ventanal sin rejas. Acerca de si las cámaras de video registraron imágenes de cuanto acontecía en el lugar, sostuvo que “todo eso materia de investigación del juez, Jorge Patrizzi. No puedo decir porque no tengo nada preciso con respecto”.

En ese mismo orden de cosas, el jefe policial aseveró que los delincuentes –cuya cantidad aún no fue establecida– no habrían salido por la peatonal local. “Viendo las cámaras que tenemos en la peatonal, no hubo salidas. Estamos hablando de bastante gente y muy entendida en el tema, con una logística extraordinaria. No estamos hablando de improvisados”. En el lugar de los hechos, los malhechores dejaron herramientas “industriales”, bolsos y demás pruebas.

Allanamientos y detenidos

Los allanamientos realizados tuvieron lugar, en la tarde de ayer, en Arenales al 2.500 (barrio Santa Rosa de Lima), en una pensión ubicada en la zona de avenida Freyre y bulevar Pellegrini, y en las cercanías de la esquina de la avenida General Paz y calle Ángel Cassanello. Se detuvieron, además, dos personas a las que se les toma declaraciones.

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