viernes, 6 de abril de 2012

"Apoyo irrestricto" del gobierno para investigar vínculos de narcos y policías

El Ministro de Seguridad de Santa Fe, Leandro Corti, aseguró ayer que \"es de suma importancia abordar en toda su dimensión\" las denuncias contra altos oficiales de la policía santafesina por su presunto vínculo con el dinero proveniente del narcotráfico y el robo de autos. Y comprometió el \"apoyo irrestricto\" de su cartera para que el Poder Judicial avance en la investigación iniciada a partir de un escrito anónimo recibido en los Tribunales rosarinos.

Asimismo, el funcionario recordó que "ya hay varias causas avanzadas, con recolección de pruebas y con cierto grado de verosimilitud" en cuanto a los casi 50 efectivos de la policía provincial investigados por presunto enriquecimiento ilícito.
Las declaraciones del ministro a La Capital se dieron a tan sólo 24 horas de que trascendiera (este diario lo publicó en su edición de ayer) que la Justicia investiga una denuncia anónima recibida por el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini en febrero y que ahora es llevada adelante por el fiscal Nº 3, Carlos Cobani, y la jueza de Instrucción 5, María Luisa Pérez Vara. En el escrito se involucra a 15 altos oficiales de la policía provincial por sus presuntos arreglos económicos con narcos. Y se sugiere el presunto móvil de dos resonantes crímenes ocurridos en los últimos meses: el del comerciante Carlos Fajardo, cuyo cuerpo con dos balazos en la cabeza fue hallado el 26 de diciembre pasado en el baúl de un auto estacionado en Caracarañá; y el del suboficial de la sección Sustracción de Automotores Carlos Honores, ejecutado el 5 de enero último en avenida de Circunvalación y 27 de Febrero. Según la presentación, ambos homicidios están ligados entre sí y tienen íntima relación con la recaudación ilegal de la policía.
Sin reparos. "La Dirección de Asuntos Internos de la policía provincial lleva adelante sus propias investigaciones sobre los uniformados involucrados en esa denuncia y con órdenes de este Ministerio para que no se escatimen esfuerzos y se haga el trabajo sin distinción de cargos", sostuvo Corti a este diario. Asimismo, el funcionario reconoció que "el Poder Judicial tiene sus propios mecanismos para la investigación y establecer los controles que crea necesario".
En esa línea argumental, el ministro recordó que "hay dos instancias de control que se han puesto en funcionamiento a partir de la denuncia anónima. Asuntos Internos hace un trabajo de tipo administrativo, un sumario a los policías implicados en el escrito para determinar su grado de responsabilidad si es que lo tienen; y el Poder Judicial, con sus propias herramientas, avanza en la investigación del presunto delito cometido brindando otro tipo de garantías y valiéndose de elementos de prueba que Asuntos Internos pueda haber recabado".
Corti también remarcó que "la Dirección de Asuntos Internos ya ha avanzado en causas y sumado pruebas con grado de verosimilitud en cuanto al presunto enriquecimiento ilícito de algunos uniformados", hecho que no puede disociarse de la recaudación ilegal que menciona la denuncia anónima en cuestión. Es que, de las 50 causas que investiga Asuntos Internos por los incrementos patrimoniales sospechosos, diez corresponden a policías denunciados en el anónimo.
Relaciones. Sobre el vínculo policías-narcos, la denuncia anónima manifiesta: "Por los quioscos de drogas que hay en la ciudad se recaudan entre 10 mil y 100 mil pesos por mes. A su vez, tributan unos 2 mil pesos mensuales a las comisarías. Además, como parte del arreglo los quioscos son manejados por menores para que puedan salir en libertad" si caen detenidos.
En cuanto a los homicidios de Carlos Honores y Carlos Fajardo, el escrito sostiene. "Fajardo era un vendedor de drogas. Lo secuestraron y le pidieron 2 millones de dólares como rescate. Los que estuvieron en este asunto fueron Honores, un policía en disponibilidad, un ex comisario y los dos tipos que después mataron a Honores" y están prófugos. Honores era el encargado de retirar el dinero, pero al parecer no recibió la suma exigida. Entonces decidieron matar a Fajardo, pero antes lo torturaron". Con el dinero en su poder, los homicidas se subieron a la Toyota Hilux en la que andaba Honores y, luego de recorrer un trayecto, se inició una discusión por el reparto del dinero. "Al tipo que discutió con Honores le molestaba que la policía se llevara tanta plata", aparece en el anónimo.
Declaró un oficial ligado al triple crimen
Las presuntas complicidades entre policías y los acusados del triple crimen de villa Moreno parecen ir tomando forma en el marco de la investigación que lleva adelante el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola. La semana que termina prestó declaración informativa ante el magistrado un oficial que se desempeña en la Inspección de Zona 3ª y admitió que la madrugada del 1º de enero, cuando ocurrió la masacre en la que murieron tres jóvenes inocentes, tuvo contacto telefónico con Sergio El quemado Rodríguez, principal imputado de la causa, y que llevó en su auto hasta una comisaría de la zona sur a la novia de Maximiliano El hijo del quemado Rodríguez, después de que este fuera baleado. En tanto, para la semana próxima se espera que declare otro alto oficial de la misma repartición vinculado al episodio.
  Poco después de las 3 de la mañana del primer día del año, Maximiliano Rodríguez estaba en un BMW junto a su novia, Sofía L., y otra chica en la esquina de Vera Mujica y Garay. En esas circunstancias fue baleado por un grupo de adolescentes que pasó por el lugar a bordo de dos motos. Tras el hecho, El hijo del quemado terminó en una cama del Hospital de Emergencias y su novia involucrada en una historia que liga directamente a los policías a los hechos.
  Fuentes tribunalicias aseguraron que tras el ataque Sofía L. acompañó a su novio hasta el Heca y desde allí le comunicó al padre del muchacho, Sergio El quemado Rodríguez lo que había ocurrido. Tras ello se subió a un taxi para regresar a su casa pero en ese momento recibió un llamado de su mamá que le dijo que la estaban esperando policías de la comisaría 15ª. Los uniformados habían llegado hasta la vivienda a partir de documentos de la joven hallados en el BMW de Rodríguez hijo.
  Ante eso, la chica desistió de ir a su casa y se comunicó con El quemado. El padre del joven baleado le dijo que no se preocupara y pactó con ella un encuentro en un sitio no precisado. Una vez allí Sofía le entregó a Rodríguez el Nextel y un celular de su novio, mientras el hombre le indicó que fuera a encontrarse en una estacíon de servicios de zona sur con dos policías “conocidos”.
  Sofía L. llegó entonces a la estación de Ovidio Lagos y Juan Canals donde dos policías (uno de ellos uniformados) la esperaron en un Peugeot 206. “Sabemos que a tu novio lo balearon. No te preocupés y vamos a la comisaría 15ª”, le dijeron antes de ir hacia esa seccional.
  Uno de esos efectivos es un suboficial que trabaja en la Inspección de Zona Nº 3, quien brindó declaración informativa en el juzgado a cargo de Juan Andrés Donnola. Ante el magistrado admitió haberse comunicado con El quemado y que tenía su número de teléfono porque, “como policía intervine en una causa en la que estuvo involucrado Rodríguez en el juzgado de Instrucción Nº 14”.
  A su vez, el otro policía que esperó a Sofía en la estación de servicios y que hasta hace pocos días también se desempeñó en esa Inspección de Zona, fue convocado para brindar su declaración informativa en los próximos días.
“Sería grave que quede en la nada”
Miguel Zalazar, integrante de la denominada Unión de Trabajadores Policiales (Utrapol), manifestó que la denuncia anónima en la que se involucra a quince jefes policiales por su presunto vínculo con la recaudación ilegal del narcotráfico “es grave y debe ser investigada a fondo para deslindar responsabilidades de las personas que no tengan nada que ver y, en todo caso, actuar de manera rigurosa no sólo desde el punto de vista judicial sino también político”.
  En declaraciones al programa “La que se viene”, de LT 8, Zalazar afirmó que “sería muy grave” si las denuncias conocidas ayer quedaran en la nada, como ocurrió con la investigación que este diario hizo en el año 2001 sobre las cajas negras policiales y que terminó archivada ya que la Justicia no encontró pruebas al respecto. “Si esa situación existe es muy grave, sobre todo para la sociedad que sufre la inseguridad y debe escuchar que los funcionarios encargados de brindarla aparecen mencionados en estos delitos”, dijo el representante del gremio no reconocido de los uniformados.
  Zalazar consideró que “lo bueno de esto es que hay una voluntad política, judicial y de la propia conducción de la policía para que esto avance y llegue a buen puerto” y dijo que “en la policía, que tiene más de 18 mil efectivos, el 99,9 por ciento no tiene nada que ver con cuestiones ilícitas”.

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